Esta casa propone: Derogar la Ley de Amnistía

Perdón por no haber mandado ningún posteo la semana pasada. Ahora espero reivindicarme con la publicación de un posteo medio polémico referido al derecho humano a la igualdad ante la ley y al debido proceso (proceso judicial justo): Nuestro Estado está violando ambos.

Sin pronunciarme sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado por ciertos militares, me interesa referirme a las violaciones a los derechos humanos que se cometen actualmente: hoy en día los militares son los únicos chilenos a los que se les están iniciando procesos criminales en el antiguo sistema penal, el mismo que siempre ha sido criticado por no contar con las debidas garantías procesales. En efecto, los militares están siendo condenados en procesos secretos, donde el juez investiga y se forma un prejuicio antes de juzgar, y en el que muchas veces se les somete a prisiones preventivas largas e innecesarias.

Según entiendo, lo anterior se produce principalmente por dos motivos:

1. Porque son juzgados por tribunales militares, los que se rigen por el mismo procedimiento “inquisitivo” antiguo, que fuera tan criticado por moros y cristianos (…especialmente por moros). Esto es inadecuado no sólo por el problema de la falta de garantías procesales, sino también porque, según ha dicho la Corte Interamericana de DDHH en el caso Palamara, los tribunales militares en tiempo de paz deben sólo juzgar delitos “de función” y no delitos comunes, como sería el “secuestro”.

Lamentablemente, aunque se reformara la ley y se dijera que los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz debieran ser conocidos por tribunales ordinarios, el actual sistema procesal penal rige sólo para los delitos cometidos después de la entrada en vigencia del nuevo proceso. Esto afectaría sólo a los militares, ya que los delitos de no uniformados serían considerados prescritos (los delitos cometidos por los militares en materia de DDHH son considerados por muchos jueces como delitos imprescriptibles).

2. Existe una ley de amnistía que originalmente favorecía tanto a militares como a delincuentes de izquierda. Sin embargo, aunque a los últimos se les aplicó y quedaron libres, a gran parte de los uniformados no se les está aplicando, pues se sostiene que sus delitos serían imprescriptibles e inamnistiables. Lo curioso es que, como esta ley ha beneficiado y sigue beneficiando a algunos militares, ellos se ven obligados a defender esta ley que en gran medida no es práctica.

Algunos dicen que a estas alturas conviene derogar la ley de amnistía, con lo que se podría juzgar a los delincuentes izquierdistas, pero eso no es cierto, ya que sus delitos ya están prescritos.

En fin, sumando y restando, creo que sería bueno negociar un término a la ley de amnistía, bajo la condición de que los militares sean juzgados en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos. En dicha negociación los siguientes puntos debieran ser irrenunciables:

1. Que los militares deban ser juzgados a través del nuevo sistema procesal penal. El único problema de esto es que sería necesario que se reforme una norma transitoria de la Constitución.
2. Que los militares ya beneficiados por la ley de amnistía en una sentencia con cosa juzgada no puedan ser juzgados nuevamente.
3. Que los militares condenados a pena de presidio cumplan sus condenas en cárceles militares (eso cumpliría el principio de que los condenados deben estar agrupados en las cárceles según la gravedad del delito cometido).

Además, considerando que después de pasados muchos años desde la comisión del delito la calidad de la posible investigación baja, y la necesidad de meter al ofensor a la cárcel disminuye, creo que sería necesario hacer una ley que rebaje gradualmente las penas de los delitos “imprescriptibles” (en la cual habría que definir también como imprescriptibles los delitos terroristas).

Esto terminaría con la ley de amnistía, pero haría que los militares que actualmente están siendo perseguidos penalmente sean investigados mediante procedimientos penales con las garantías mínimas.