El Gobierno propone exigir que los egresados de pedagogía rindan una prueba oficial para poder enseñar en determinados colegios. Actualmente este examen, llamado Inicia, tiene el carácter de voluntario. Si una propuesta de este estilo llegara a concretarse, el Gobierno debe cuidar que ello se haga en una forma que no afecte la autonomía universitaria.
En efecto, la realización de una prueba de este estilo podría transformarse en una certificación estatal de calidad, constituyendo un negativo precedente para que en el futuro el Estado decida validar los restantes títulos universitarios. Asimismo, podría determinar indirectamente los contenidos que las universidades deban impartir a sus alumnos. Ambas cuestiones afectarían la autonomía de los cuerpos intermedios, cuyo fortalecimiento ha sido siempre incentivado por la "antigua" derecha.
EM: 30/11/10
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